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Ataque a funcionaria de la Salud en residencia sanitaria

Insuficiente resulta cualquier calificativo que se quiera usar para expresar la consternación que provocó el caso de una funcionaria de la Salud que fue agredida sexualmente la madrugada de ayer domingo al interior de una residencia sanitaria.

Si ha habido un sector que ha resultado afectado con la pandemia, ése ha sido el del personal de la Salud, sobre todo del ámbito público. Altamente expuestos a ser contagiados de Covid-19, han debido cumplir turnos extenuantes y sus dirigentes han estado demandando que se revisen los sistemas de rotación de los equipos, las cargas laborales y la calidad y cantidad de elementos de protección personal.

En el contexto de una región que ha retrocedido respecto del número de contagiados y que ha vuelto a tener una de las tasas acumuladas más altas a nivel nacional, funcionarios de la Salud han debido asumir roles fuera de las dependencias hospitalarias habituales y también extender su labor más allá de los consultorios.

La necesidad de crear residencias sanitarias para poder garantizar el cumplimiento de cuarentenas y, en los últimos días, para derivar a adultos mayores usuarios de hogares de ancianos ha exigido contar con turnos especiales de parte de dicho personal.

Nadie objeta estas medidas, pero sí –a la luz de lo ocurrido en una de estas residencias- surgió un fuerte cuestionamiento por la falta de medidas para resguardar la seguridad de estos trabajadores.

Inicialmente se indicó que la seguridad de la integridad física debía ser proporcionada por el hostal u hotel contratado por la seremi de Salud. Ello será algo que se tendrá que clarificar y que, de constar en los contratos respectivos, cabe preguntarse si aquello estaba siendo fiscalizado.

Lo sucedido resulta totalmente repudiable, mucho más cuando es una mujer la que ha sido agredida sexualmente, reafirmando que la cultura de la violación sigue presente en pandemia.

Resuenan las peticiones desoídas de los gremios sobre mínimas medidas de seguridad, en el marco de condiciones objetivas para un trabajo decente, el derecho a un espacio seguro para desempeñar funciones y el debido resguardo de la integridad física.

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